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Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del informe ‘Garantías de Seguridad, Un Año de Implementación’

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Noticias
Bogotá , martes, 22 de mayo de 2018
Sistema Informativo del Gobierno - SIG

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el lanzamiento del informe ‘Garantías de Seguridad, Un Año de Implementación’

“Para que pueda ser, he de ser otro,

salir de mí, buscarme entre los otros;

los otros que no son si yo no existo,

los otros que me dan plena existencia…

No soy, no hay yo: ¡siempre somos NOSOTROS!”.

El año pasado en la sede de la UNESCO recordé estas líneas del gran mexicano Octavio Paz.

Nada más cierto. ¡Siempre somos nosotros!

En Colombia –de forma lamentable y triste– nos hemos estado matando entre nosotros, entre hijos de una misma nación. Y lo peor es que lo hemos estado haciendo por pensar diferente.

¿Cómo hemos podido seguir adelante en medio de esto? Lo hemos hecho cargando esa tragedia en nuestras espaldas. La realidad –para ser sinceros– es que tan solo hemos sobrevivido.

La guerra es un combustible que impone la violencia y la muerte por encima del diálogo, y que anula la pluralidad –en vez de construir a partir de la diversidad–.

Por eso, aunque pudimos habernos quedado quietos en la búsqueda de la paz –y seguir en la guerra que trae más réditos–, no hubiéramos estado tranquilos.

No podíamos seguir con el dolor que nos causaba –y nos sigue causando– la pérdida de vidas humanas y el ataque a una de las libertades más preciadas, que es la libertad de expresión.

Los colombianos necesitábamos –nos merecíamos ya– la paz que se hace para que los adversarios dejen de matarse en el campo de batalla y se enfrenten mejor, civilizadamente, en el campo de las ideas.

Necesitábamos la paz que se hace para vivir en democracia, tranquilos y sin miedo. Para vivir en una sociedad de derechos.

Eso es la paz. Es cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, la violencia por la democracia, el odio por la tolerancia, la muerte por la vida.

Porque si el conflicto ha sido un caldo de cultivo de violaciones a los derechos humanos –incluyendo el de la vida–, la paz será el mejor entorno para protegerlos y garantizarlos.

Y eso significa que recae sobre nuestros hombros una gran responsabilidad.

Enfrentamos la enorme tarea de la implementación del acuerdo de paz, de poner en marcha las reformas y las transformaciones que nos garanticen una paz estable y duradera.

Esa responsabilidad incluye cumplir con los compromisos del acuerdo de asegurar que nadie que participe en política o en la implementación del acuerdo sea víctima de las armas, y que ningún miembro de ningún partido, incluido el de la FARC, sea víctima de la violencia.

Y aunque, por supuesto, falta mucho por hacer, hoy cuando lanzamos el informe ‘Garantías de Seguridad: un año de implementación’, podemos decir que ya tenemos resultados tempranos.

Sé que aquí les presentaron esos resultados y que la academia reflexionó sobre lo bueno, lo malo y lo que quisiéramos que sucediera, pero permítanme mencionar algunos.

Uno de los resultados más importantes en materia de garantías ha sido el trabajo en equipo por parte de las diferentes instituciones del Estado, de las comunidades, los líderes, la comunidad internacional y los movimientos sociales.

De hecho, el informe que se lanza hoy da cuenta del trabajo de 15 entidades responsables de concretar la mirada integral de seguridad y que han asumido esa tarea con todo el empeño.

La instalación de la Comisión Nacional de Garantías –que personalmente lidero– ha sido otro de los resultados más importantes porque es una plataforma única de diálogo.

En el último año representantes de la Presidencia –puntualmente, de las consejerías de Derechos Humanos y de Seguridad–, de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, los ministerios de Defensa y del Interior, de la Unidad Nacional de Protección, junto con el Cuerpo Élite de la Policía y el Comando General de las Fuerzas Militares, han analizado y entendido los riesgos de la población a proteger, y han coordinado acciones para mitigarlos.

Además hemos tenido el acompañamiento de invitados de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de la OEA a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

Y se ha fortalecido el diálogo social, gracias a que la Comisión cuenta con representantes de las plataformas de derechos humanos, más tres expertos.

En el año que lleva funcionando, se han expedido varias normas para articular las competencias a nivel nacional y territorial, y definir las funciones de las entidades responsables de la prevención de violaciones y protección de los derechos humanos.

Por ejemplo, con el Decreto 2252 de 2017, se definió la coordinación entre la Nación, las gobernaciones y las alcaldías para responder mejor en la protección de líderes y defensores de derechos humanos.

Además, se han desarrollado aspectos fundamentales de la nueva política pública de prevención y protección. El Decreto 660 de 2018 reglamentó el ‘Programa Integral de Seguridad y Protección’ para implementar las medidas de prevención y protección de las comunidades y los territorios.

La Comisión también ha articulado acciones contra la impunidad, especialmente en los casos de homicidios de defensores de derechos humanos.

El Cuerpo Élite de la Policía y la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales han concentrado todos sus esfuerzos para que los crímenes no queden en la impunidad.

Cada caso nos preocupa, nos duele, lo condenamos de la manera más enérgica, y tenemos que hacer todo lo posible para que ninguno quede en la impunidad.

Hoy tenemos una tasa de esclarecimiento de más del 40 por ciento de los 261 casos que la Fiscalía ha recibido de diferentes fuentes entre enero de 2016 y abril de este año, y el esclarecimiento de más del 50 por ciento de los 170 casos verificados por la ONU durante el mismo periodo.

No estamos satisfechos con esa cifra –no podemos estarlo–. Quisiéramos que todos los casos estuvieran ya esclarecidos, pero es un porcentaje importante por su celeridad que, de hecho, nunca antes se había visto.

Debo resaltar la nueva estrategia de la Fiscalía para investigar, judicializar homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos, la cual presentó el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con esa nueva estrategia hay un protocolo de acción que en casos de muerte violenta asume, como primera hipótesis del hecho, la relación con la actividad como defensor; lo que significa también que se deben buscar los autores intelectuales del homicidio.

Y quiero resaltar algo muy importante que poco se menciona: gracias a las lecciones aprendidas de procesos de paz anteriores en Colombia y de otras partes del mundo, y también gracias a una estrategia integral que diseñamos, hemos protegido 100 por ciento la vida de los excombatientes de las FARC.

Tenemos un efectivo sistema con esquemas de protección especiales, sólidos, para los más de 200 miembros de la primera línea de liderazgo, y para las más de 4 mil personas que están en los ‘Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación’.

Hubo un excombatiente herido en el Espacio Territorial de Filipinas–Arauquita, pero el atacante era un exmiembro de las FARC que no se acogió al proceso y al que le permitían la entrada al lugar.

Logramos entonces tener un sistema que ha construido confianza entre la fuerza pública y los excombatientes; un hecho fundamental para darles tranquilidad a ellos y para no repetir tragedias del pasado donde murieron cientos de excombatientes.

Hoy NO hay ningún líder o miembro de las FARC protegido –óigase bien: protegido– que haya sido asesinado o víctima de ataque –con excepción del caso en Arauquita que no tiene que ver con su condición de excombatiente–.

Sin embargo, aparte de los protegidos, a la fecha han sido asesinados 40 miembros de las FARC acreditados. En el pasado, en otros procesos de paz, las cifras fueron de hasta 700 miembros muertos, pero reconocemos que uno solo es demasiado y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que no ocurran más casos.

A favor de los defensores de derechos humanos, la Unidad Nacional de Protección adoptó medidas a través del Programa de Prevención y Protección.

Hoy cerca de 4 mil líderes sociales y defensores de derechos humanos reciben protección –y el 60 por ciento está en zonas rurales–.

Ahora bien, tenemos un enorme reto en la protección de las comunidades –en la protección colectiva– a donde han llegado nuevos actores armados a disputarse los negocios ilícitos.

El Programa de Prevención y Protección que les mencioné fortaleció su trabajo en protección colectiva y, con el Decreto 2078 de 2017 se definió la Ruta de Protección Colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades en los territorios.

Por otra parte, la Comisión, desde su instalación, reconoció los riesgos que los defensores de derechos humanos tienen en los territorios y decidió coordinar acciones entre la Nación y los territorios para mitigar esos riesgos.

Durante el último año, la Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sesionado siete veces en el territorio.

Ha evaluado y articulado medidas de protección con más de 350 organizaciones locales, 1.000 líderes y entidades territoriales de 41 municipios priorizados por su riesgo.

Todos los avances que acabo de mencionar demuestran que logramos fortalecer la institucionalidad y el marco normativo para responder a las nuevas dinámicas de seguridad y garantizar los derechos de nuestra población.

Son pasos adelante con los que les demostramos a los líderes, defensores de derechos humanos y a quienes quieren construir paz, que NO ESTÁN SOLOS.

Son pasos adelante para decirles a quienes atentan contra ellos que NO SE VAN A SALIR CON LA SUYA. Están muy equivocados si creen que acabando una vida, acaban una idea.

*****

Y no solo estamos pensando en proteger a nuestros líderes ahora. Estamos trabajando para entregarle al próximo gobierno el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

Este Sistema es el que va a acompañar, a hacer seguimiento y evaluación a los planes, proyectos y programas de protección que hemos mencionado.

El informe que lanzamos hoy es muy valioso porque todos los colombianos van a poder conocer en detalle esos planes, proyectos y programas; las instancias que se abren para todos; y hacer una juiciosa veeduría de su cumplimiento.

*****

Yo me pregunto cuándo será el día en que podamos decir que ningún colombiano tiene miedo de ayudar a construir un nuevo país y que NO nos estamos matando por pensar diferente.

Qué bueno tener el privilegio de estar vivos cuando eso suceda.

Yo quiero tener ese privilegio y por eso voy a seguir trabajando hasta el 7 de agosto con todo el empeño y las herramientas a mi alcance.

La consigna hoy y siempre es NO quedarnos a mitad de camino.

Al Procurador, al Defensor del Pueblo y a los países amigos –que nos han acompañado y que sí continúan–, les pido seguir rodeando este proceso, cuidar lo que ya hemos logrado y terminar bien la tarea que entre todos comenzamos.

Recuerden que “no soy, no hay yo. Siempre somos NOSOTROS”.

Lo que hacemos, lo hacemos por NOSOTROS.

Cada colombiano asesinado es un golpe para una familia, para una comunidad y para TODO UN PAÍS.

Si queremos un nuevo país, tenemos que hacer que la vida, la libertad y la democracia estén a salvo de las ambiciones, los intereses personales y la violencia.

Muchas gracias.

(Fin)

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