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Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la audiencia citada por la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz

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Noticias
Bogotá , jueves, 26 de mayo de 2016
Sistema Informativo del Gobierno - SIG

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la audiencia citada por la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz

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​Honorables magistrados:

Vengo ante ustedes como ciudadano, respetuoso de la ley y del Estado social de derecho.

Vengo como colombiano, que anhela vivir en una nación sin guerra y dejar un legado de paz a nuestros hijos.

Y vengo como Presidente, que ha jurado servir a su país y cumplir los preceptos de nuestra Constitución, con lo cual me he obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

El ciudadano, el colombiano y el Presidente se hacen uno para pedir a esta Corte que declare exequible la Ley Estatutaria que regula el plebiscito sobre el acuerdo final de paz.

Como primer mandatario de los colombianos, mi obligación y mi compromiso ES hacer realidad el derecho a la paz que establece el artículo 22 de nuestra Carta Política, cuando dice que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Y no solo me lo ordena la Constitución, sino que también –muy importante– es el mandato del pueblo colombiano que en el año 2014 votó mayoritariamente por mi candidatura, para que llevara a feliz término el proceso de paz que iniciamos durante mi primer periodo de gobierno.

En cumplimiento de este mandato popular, he dedicado todos mis esfuerzos a ponerle fin al conflicto armado y obtener la paz.

Lo he hecho –y lo sigo haciendo– porque me lo imponen mis más íntimas convicciones sobre lo que es correcto.

Creo que debemos detener el sufrimiento de las víctimas y proteger sus derechos.

Creo que Colombia debe volver a ser un país normal –sin guerra–.

Y creo que la paz es una condición necesaria para construir una sociedad justa.

El plebiscito no es nada diferente que regresar ante el pueblo que me eligió a preguntarle si considera que cumplí mis compromisos como su mandatario para lograr la paz.

Ya el Gobierno nacional radicó ante esta Corte –con la firma del ministro del Interior y de la Secretaria Jurídica de la Presidencia– un escrito muy completo con las razones que sustentan la constitucionalidad de la ley estatutaria.

Quiero –entonces– aprovechar este espacio para ahondar en las razones políticas y supra-jurídicas que sustentan esta petición.

Desde 1991, muchos han considerado –y con razón– a nuestra Constitución como un “tratado de paz”.

Hoy ha llegado la hora de completar la tarea.

El acuerdo de fin del conflicto con las FARC significa, ni más ni menos, el reconocimiento por parte de un actor ilegal –que se ha mantenido en armas contra nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestras leyes– de la legitimidad de esas mismas instituciones, de esa Constitución y de esas leyes.

Con el acuerdo de paz lo que estamos haciendo es desarrollar el fin principal de nuestra Carta Fundamental, que no es otro que la búsqueda de la paz.

El acuerdo es un componente –uno muy importante– en la construcción de la paz; es lo que faltaba para llegar a la meta en un camino que emprendimos hace más de 25 años.

Y quiero a responder una pregunta muy concreta que ustedes, honorables Magistrados, pueden tener, como también el pueblo colombiano:

¿Por qué he insistido en someter el acuerdo de paz a la refrendación del pueblo a través de un plebiscito si –como Presidente– tengo las facultades de negociar y firmar?

La respuesta es la siguiente:

Quiero ENTREGARLE LA PAZ AL PUEBLO para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido.

Lo hago porque mi talante democrático me obliga –y así ha sido desde el mismo inicio de este proceso– a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o de un gobierno.

La paz –lo he dicho muchas veces– no es de Juan Manuel Santos ni de mi gobierno: la paz es de todos los colombianos.

A través del plebiscito, el pueblo colombiano se constituye en dueño, en protagonista y en beneficiario DE LA PAZ.

La decisión de poner fin al conflicto armado para dar paso a la fase de construcción de la paz es –sin duda– la decisión política más importante que debo implementar como Presidente.

Por eso mismo –por su trascendencia–, el acuerdo final al que lleguemos el Gobierno nacional y las FARC debe ser sometido al pronunciamiento popular.

Será ese pronunciamiento popular el que imprima el mayor sello de legitimidad –ante el mundo entero y ante nosotros mismos– a la fase de implementación de los acuerdos para la construcción de paz.

En últimas, la refrendación popular será la garantía de que lo acordado efectivamente se va a cumplir, garantía que se complementará con un desarrollo normativo en el Congreso de la República.

Es cierto –honorables Magistrados– que NO tengo la obligación constitucional ni legal de someter el acuerdo final de paz a la refrendación popular.

Pero SÍ tengo la facultad de hacerlo, y lo voy a hacer –si la Corte me lo permite–, no solo como un acto de democracia, sino en cumplimiento de la promesa que hice ante los colombianos.

Desde un principio les dije a mis compatriotas que serían ellos quienes tendrían la última palabra: que podrían decir SÍ o NO a lo que se acuerde en La Habana.

Y el pueblo colombiano tiene derecho a esta participación.

¿Y por qué creamos –el Ejecutivo y el Congreso– un nuevo tipo de plebiscito como forma de refrendación?

Porque la decisión de implementar el Acuerdo NO es una decisión solamente del Ejecutivo.

La construcción de la paz trasciende las políticas de un gobierno.

Por eso NO se trata de un plebiscito ordinario sobre una decisión del Presidente.

Este nuevo plebiscito es el mecanismo idóneo para que el pueblo colombiano determine –con su voto– si este acuerdo debe convertirse en una política de Estado.

Se trata de un procedimiento mucho mejor –sin duda– que el referendo –absolutamente impracticable frente a un acuerdo de semejante tamaño– o que una asamblea constituyente –un escenario donde se abrirían nuevamente las negociaciones, con resultados inciertos–.

No hay que olvidar que el acuerdo al que lleguemos en La Habana –luego de años de juiciosa, serena, seria y ponderada negociación– será un solo acuerdo, un acuerdo integral, que NO se puede fraccionar.

Con el plebiscito, será el pueblo colombiano el que me diga –con un SÍ o con un NO– si hice bien en aceptarlo.

Y debe quedar claro, porque algunos –ahora que se definió un mecanismo para blindar jurídicamente el acuerdo de paz– han intentado sembrar confusión: los acuerdos solo podrán implementarse luego de que el pueblo se haya pronunciado mediante el plebiscito.

¡Para eso es la participación!

¡De eso se trata la democracia!

En este sentido, la refrendación popular es una garantía de transparencia y legitimidad política y jurídica –tanto a nivel interno como a nivel externo– para iniciar una transición hacia a la paz.

El plebiscito para la paz cumple –entonces– el doble propósito de legitimar popularmente los acuerdos, y de perfilar la implementación estable y duradera de los mismos.  

Por supuesto, para que los colombianos voten a conciencia, es esencial que el acuerdo final –en todos sus puntos– sea ampliamente conocido, difundido y discutido, de manera previa.

Ya han sido tímidamente divulgados –a medida que ha avanzado el proceso– varios acuerdos parciales.

Y así debe hacerse –con mayor razón y mucho más contundencia– con el acuerdo final que los reúna a todos.

La ley que reglamenta el plebiscito para la paz exige –por eso– la mayor divulgación y permite la más amplia controversia sobre el acuerdo.

Esto no es otra cosa que el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a ser informada y del deber del Gobierno de hacer pedagogía sobre lo que se acordó.

Honorables magistrados:

El Gobierno nacional y el Congreso de la República escogimos este mecanismo del plebiscito, regulado en la ley sometida a su estudio, teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta misma Alta Corte, cuando en la sentencia C-784 de 2014 dijo lo siguiente:

“Escoger un mecanismo de participación democrática para terminar el conflicto y transitar hacia la paz es una opción que interpreta cabalmente la filosofía de la Carta”.

Hemos hecho eso. Precisamente eso.

Hemos escogido un mecanismo de participación democrática que nos permitirá transitar hacia la paz, y lo hemos hecho cumpliendo fielmente con la Constitución Política de Colombia, en su texto y en su espíritu.

La firma del acuerdo de paz con las FARC y su refrendación popular serán el cierre de un proceso de búsqueda de la paz que comenzó en 1990, cuando una iniciativa surgida de las aulas universitarias y ambientada por otro proceso de paz –el del M-19– nos dio la Constitución que hoy nos rige y que hemos jurado respetar.

Por la paz… Por nuestro Estado social de derecho...

Por las víctimas…Por el futuro de Colombia…

Por la ilusión posible de vivir –por fin– en un país normal, sin guerra…

Le pido, respetuosamente, al máximo guardián del tratado de paz que es la Constitución de 1991, que declare exequible la Ley Estatutaria del Plebiscito para la Paz.

/Audios/2300_IntervencionCorteConstitucional_160526.mp3

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