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Columnistas
Eduardo Díaz Uribe

La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene

 Bogotá, 6 de abril de 2018

Los cultivos ilícitos prosperaron en el país de tiempo atrás en regiones caracterizadas por la ausencia del Estado, la marginalidad, la pobreza y la guerra. Estas difíciles condiciones permitieron a redes de narcotraficantes someter, para sus intereses criminales, a comunidades y territorios enteros.

Después de décadas de economías cocaleras en estos territorios, 123.000 familias le han dicho sí a la sustitución voluntaria, en un compromiso por dejar atrás esa historia, su historia.

De ahí que el acuerdo final de paz con las Farc y el fin del conflicto se convierten en oportunidad para que, con presencia institucional y de la mano de los campesinos, logremos la transformación de la vida en estos territorios. En la materialización de este propósito trabaja desde hace 10 meses el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS).

Los desafíos que este camino conlleva derivan en un debate permanente. De suerte que es oportuno profundizar en argumentación y hacer referencia a puntos tratados por la periodista María Isabel Rueda en su columna de EL TIEMPO del 1.° de abril.

El crecimiento de los cultivos, registrado en medio del proceso de paz y de su implementación, se convirtió en pesado fardo con el que hemos tenido que avanzar. Como es igualmente cierto que el acuerdo de paz y sus propuestas de desarrollo territorial, seguridad, oportunidades, tenencia de tierra, inversión, servicios públicos y sociales decentes han generado, como se esperaba, entusiasmo y compromiso de las comunidades.

No se trata, pues, de un canje de $ 36 millones por familia durante dos años, sino de una inversión en las familias y comunidades que cumplan con el compromiso de sustituir, no resembrar y abandonar cualquier actividad conexa con el narcotráfico. Se trata de la vida y del futuro sostenible de millones de compatriotas.

Después de décadas de economías cocaleras en estos territorios, 123.000 familias le han dicho sí a la sustitución voluntaria, en un compromiso por dejar atrás esa historia, su historia. Según la entidad validadora del proceso de sustitución, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su informe número 9, ya 56.655 familias han suscrito compromisos de sustitución, luego de informar que tenían 45.641 hectáreas de cultivos de coca; de estas, 31.315 familias han recibido al menos un primer desembolso en 1.925 veredas, de 38 municipios, en 13 departamentos. En estos territorios, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) reportó en su informe de 2017 la existencia de 77.717 hectáreas de coca. Las áreas no declaradas, como está previsto en el acuerdo de paz, son objeto de erradicación por parte de la Fuerza Pública.

En estos territorios, la UNODC, mediante 92 misiones, ha verificado 24.577 hectáreas de cultivos que ya fueron levantadas o lo están siendo por las familias. El indicador de cumplimiento es del 88 por ciento.

La sustitución de cultivos no fracasa ni se detiene: es una realidad que avanza con la transformación de los territorios que sufrieron el impacto del conflicto y la falta de oportunidades. Las organizaciones criminales que se lucran de las rentas ilícitas de la coca ven afectados sus intereses y acuden a la violencia e incluso al infame asesinato de líderes sociales.

En medio de los desafíos que genera todo cambio estructural, territorios como el Guaviare, Arauca, Vichada, Meta, Caquetá, Córdoba, Antioquia, Valle, Putumayo dan fe hoy de que la sustitución es el mejor camino. Y aun en territorios tan complejos como Tumaco, Cauca y Catatumbo hemos dado pasos en asistencia técnica, bancarización, formulación de proyectos productivos, desarrollo de viveros y acciones a favor de la comunidad con el apoyo de las autoridades regionales, locales, la Fuerza Pública, el sector privado y las organizaciones sociales y comunitarias.

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