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Columnistas
Carmen Inés Vásquez Camacho

La Paz: Una Oportunidad para la Ley 70 del 27 de agosto de 1993

 Bogotá, 27 de agosto de 2016

​El histórico acuerdo de paz al que llegaron el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, constituye una oportunidad excepcional para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, puedan retomar el rumbo trazado por la Ley 70: Ley de Derechos de la población afrocolombiana como grupo étnico, sancionada en Quibdó, Chocó, el 27 de agosto de 1993, y que justamente está cumpliendo 23 años, como quiera que cuando apenas iniciaba a alcanzar altura de crucero, Sin embargo, tras la puesta en marcha de la titulación colectiva, que constituye el eje central de dicha Ley, se produjo la irrupción de la violencia en los territorios de las comunidades negras.

El nuevo escenario colombiano, el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afrocolombiana están más cerca, ya que los acuerdos contemplan el enfoque étnico.

Como se recordará, la Ley 70 fue expedida en reglamentación del artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991, adoptada tras los acuerdos de paz con la guerrilla del M19, en la que los afrocolombianos, logramos filtrarnos casi al cierre de la Asamblea Nacional Constituyente que se ocupó de su formulación. El artículo transitorio 55 y la Ley 70 se constituyeron en el más importante hito en el camino hacia la plena ciudadanía de la población afrocolombiana, tras la abolición de la esclavitud.

En desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución Política, se expidió la Ley 70 de 1993, que le reconoció a la población afrocolombiana el derecho a la propiedad sobre sus territorios ancestrales; el derecho a preservar y conservar su identidad cultural; al aprovechamiento preferencial de los recursos naturales en sus territorios, incluido el derecho de prelación sobre los recursos mineros; el derecho a un desarrollo autónomo y el derecho a la participación.

Sin duda, se trató de un hecho de señalada importancia para el país, y, en especial, para la población afrocolombiana, a favor de la cual no se legislaba desde la adopción de la Ley 21 de mayo de 1851 que abolió la esclavitud en Colombia. Apenas han transcurrido 165 años desde que los afrocolombianos iniciaron su tránsito hacia el ejercicio de la ciudadanía, esto es, el derecho a tener derechos.

Aunque los principales desafíos para la plena inclusión de los afrocolombianos aún continúan en pie, un breve balance permite constatar que luego de veintitrés (23) años de la Ley 70, las comunidades afrodescendientes de Colombia han sido beneficiadas con cerca de seis (6) millones de hectáreas de tierras en calidad de propiedad comunal principalmente en el Pacífico, donde valga decir habita gran parte de su población, y más recientemente, en otras zonas con condiciones similares; labor en la que el Gobierno ha puesto un gran empeño, aunque sus beneficios se han visto drásticamente limitados en virtud al impacto del conflicto armado interno que los ha afectado desproporcionadamente. Con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, corresponde a las comunidades, con el concurso de todos, redefinir su destino. Serán las propias comunidades, las responsables de trazar su nueva agenda para los territorios afrocolombianos en tiempos de paz.

Para ello, uno de los más importantes activos con que cuentan es el Movimiento Social Afrocolombiano, que tiene entre sus principales pilares a los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, responsables de la administración de sus territorios; hoy alrededor de 200 Consejos cuentan con título colectivo y son beneficiarios del derecho fundamental a la consulta previa de que trata el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991. Las consultas relativas a proyectos, obras o actividades, deben realizarse con las comunidades en sus territorios. Así mismo, el Espacio Nacional de Consulta Previa, integrado en octubre de 2015, por mandato de la Sentencia T-576 de 2014, emanada por la Honorable Corte Constitucional, es la instancia competente para las consultas cuando se trate de medidas Legislativas y Administrativas, susceptible de afectar a dichas comunidades.

Al amparo de la Ley 70 se puso en marcha la Universidad del Pacífico y el Fondo de Créditos Condonables para estudiantes afrocolombianos de bajos recursos económicos y buen desempeño académico, que ha beneficiado alrededor de 20 mil estudiantes, con una asignación de recursos que asciende a más de 80 mil millones de pesos, en gran medida debido a los incrementos presupuestales registrados en el cuatrienio anterior y lo que va del presente gobierno.

La Ley 70 ha impulsado otros procesos de formación profesional incluidas las becas Fulbright, de las cuales se han beneficiado más de 50 jóvenes, financiados con recursos de los Ministerios de Educación y de Cultura, en alianza con USAID.

En 2014, el Departamento del Chocó, que tiene una población afrodescendiente superior al 90 por ciento, y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, realizaron la convocatoria de un programa de becas que, en su primera fase se destinó a 40 jóvenes investigadores e innovadores, 40 maestrías y 20 doctorados en el exterior y 57 maestrías y 20 doctorados nacionales, con becas completas incluidos gastos mensuales de sostenimiento y manutención, en las mejores universidades de Colombia y el mundo, con una asignación inicial que supera los 15 millones de dólares.

Así mismo, gracias a la Ley 70 se abrió paso la Circunscripción Especial a la Cámara de Representantes, prevista en el artículo 176 de la Constitución Política Nacional, reglamentada inicialmente con la Ley 70 y luego mediante la Ley 649 de 2001, que les otorga a dichas comunidades la opción de elegir de manera legítima a dos congresistas y crear sus propios partidos políticos. El Movimiento Social Afrocolombiano aún enfrenta el desafío de hacer de dichas curules el soporte político efectivo hacia la inclusión política de la población afrocolombiana.

De igual forma, al amparo de esta misma Ley se creó la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el Ministerio del Interior. Además se pusieron en marcha divisiones y oficinas en otras entidades del Estado, y se han formulado importantes documentos de política pública sobre el tema.

También vale la pena destacar que en un hecho sin precedentes, en el pasado cuatrienio el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 112, que contempla una suerte de predial afro, que permitirá que los municipios con territorios colectivos afrocolombianos, reciban a partir de 2017, y de manera progresiva, una compensación por el monto que dejan de percibir por impuesto predial, y que les significará ingresos que se prevé superarán los 100 mil millones de pesos anuales.

La oportunidad que con los acuerdos de paz se reabre para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras coincide además con el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, y su Plan de Acción, así como el Plan Decenal Continental para los Afrodescendientes, aprobado el pasado mes de junio por la Organización de Estados Americanos, OEA, gracias al liderazgo de Colombia. En éste nuevo escenario, hoy es posible pensar que el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de la población afrocolombiana está cada vez más cerca. Y precisamente por ello, los acuerdos contemplan el enfoque étnico.

Es decir, este es el momento de la Paz, es el momento de todos y para todos.

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