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Columnistas
Rafael Pardo

Institucionalidad, oportunidad manifiesta

 Bogotá, 12 de abril de 2017.

Con la firma del Acuerdo de Paz no nos convertiremos de la noche a la mañana en un país del primer mundo, pero sí significa una oportunidad, la más concreta que hemos tenido en la historia reciente de país, para consolidarnos como sociedad.

La firma de los acuerdos de La Habana supera el mero desarme de más de siete mil hombres. Es un compromiso para llegar a las regiones históricamente desatendidas.

Gracias a la paz, el Estado ahora podrá reacomodar su presupuesto e invitar a los colombianos a pensar menos en reparar los estragos causados por las Farc y pensar más en el desarrollo del país, sin el obstáculo de la guerra. Sin el conflicto con ese grupo los colombianos nos quitamos el principal dolor de cabeza que hemos tenido en los últimos 50 años.

La firma de los acuerdos de La Habana supera el mero desarme de más de siete mil hombres. Es un compromiso adquirido, no solo a nivel de Gobierno sino de Estado, para llegar a las regiones históricamente desatendidas por el mismo.

Ello no es nada diferente a ejecutar políticas y acciones concretas para reducir la brecha en términos de calidad de vida existente entre el campo y las ciudades.

La entidad encargada de llevar a terreno el posconflicto es la Agencia de Renovación de Territorio – ART, que desde ya lidera la construcción e implementación de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial-PDET (Punto 1 del acuerdo), y pone en marcha los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito (Punto 4) en los municipios priorizados para el posconflicto.

Con la ART el Gobierno desarrollará tres líneas estratégicas: participación de los actores en los territorios para la construcción de una visión de futuro, así como la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento.

Desde el año pasado la ART comenzó un recorrido por las regiones conversando e identificando las necesidades de las alcaldías, juntas de acción local, asociaciones y cooperativas sociales así como de productores, autoridades y organizaciones indígenas, con autoridades de consejos comunitarios y de organizaciones afrodescendientes, entre otros actores locales.

La segunda línea consiste en la provisión eficiente de bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población. Tal es el caso de más de 2500 kilómetros de vías terciarias que permitirán a las familias campesinas, habitantes de poblaciones apartadas, comercializar sus cosechas y aprovechar oportunidades viables de desarrollo en el marco de la legalidad.

La tercera línea es el desarrollo económico, ambiental y productivo, que consiste en implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto.

La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos busca dejar atrás la coca y la marihuana, y reemplazarla por productos legales que generen desarrollo responsable, legal y digno. Otro ejemplo: el llamado del Gobierno Nacional al sector privado para que invierta en territorios afectados por la guerra, y así generar empleo y dinamismo en las economías locales, a cambio de reducción de impuestos de renta; o incluso tributar construyendo pequeñas obras de infraestructura.

Con estas tres grandes líneas de trabajo no se trata de hacer una “lista de mercado”. Se trata de construir colectivamente una visión del territorio y, a partir de ello, identificar aquellos proyectos y apuestas estratégicas que van a hacer que estos territorios superen el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, no solamente por las dinámicas del conflicto armado, sino también por las economías ilegales.

En conclusión, se busca no solamente llevar inversión sino generar desarrollo sostenible en las regiones. Se trata, como lo dije al principio, hacer uso de esa oportunidad histórica para empezar a crecer y creer en una nueva visión de la sociedad de la que gozarán las futuras generaciones.

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