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Atención a la Ciudadanía
Elaborado por la Secretaría Privada

Preguntas Frecuentes

  1. ¿Qué es el derecho de petición?
  2. ¿Cuáles son los requisitos formales que debe reunir un derecho de petición?
  3. ¿Qué mecanismos tiene el ciudadano cuando no se contesta debidamente un derecho de petición?
  4. ¿En qué consiste la solicitud de trámite de urgencia por parte del Presidencia de la República?
  5. ¿En qué consiste la sanción presidencial de un proyecto de ley?
  6. ¿Qué son las facultades extraordinarias?
  7. ¿Qué diferencia existe entre los decretos leyes dictados en ejercicio de facultades extraordinarias y los decretos legislativos dictados en los estados de excepción?
  8. ¿Qué son las comisiones en el exterior?
  9. ¿Qué tipo de decretos expide el Presidencia de la República?
  10. ¿Qué funciones cumple la gestión jurídica de la Presidencia de la República?

 

1. ¿Qué es el derecho de petición?

El derecho de petición es una facultad que tiene todo ciudadano de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, así como acceder a documentos públicos, salvo los casos que establezca la Ley. Este derecho está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política y en los artículos 5 y siguientes el Código Contencioso Administrativo.

Las autoridades tienen el deber de hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 23 de la Constitución Política, mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.

Las peticiones en interés general o particular deberán ser contestadas por las autoridades en un plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la recepción de las mismas. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días.

Este derecho incluye también la posibilidad de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus documentos. La petición se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reservados. En tal caso la decisión negativa será siempre motivada. Las autoridades deberán decidir sobre las peticiones de información en un plazo máximo de diez (10) días, y el incumplimiento por parte del funcionario dará lugar a las sanciones disciplinarias previstas en la ley.

El derecho sirve, además, para formular consultas a las autoridades, en relación con las materias a su cargo. Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

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2. ¿Cuáles son los requisitos formales que debe reunir un derecho de petición?

Las peticiones escritas deben contener, por lo menos, los siguientes requisitos:

  1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.
  2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.
  3. El objeto de la petición.
  4. Las razones en que se apoya.
  5. La relación de documentos que se acompañan.
  6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.

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3. ¿Qué mecanismos tiene el ciudadano cuando no se contesta debidamente un derecho de petición?

Teniendo en cuenta que el derecho de petición está consagrado como un derecho fundamental, regulado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el incumplimiento por parte del funcionario competente en la respuesta oportuna y satisfactoria del derecho de petición, da lugar a la posibilidad de utilizar otros mecanismos para su efectivo cumplimiento.

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, le da la facultad al ciudadano para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

Así, una vez vencidos los términos legales para la respuesta oportuna a su derecho de petición, el ciudadano afectado puede acudir a la acción de tutela con el fin de que su derecho fundamental sea protegido y garantizado. El fallo de tutela ordenará al funcionario competente dar cumplimiento al deber de responder la petición.

En caso de que el funcionario no cumpliere con lo ordenado por el fallo de tutela, el peticionario tendrá la facultad de iniciar un incidente de desacato ante el juez de conocimiento de la acción de tutela en primera instancia, para que éste, luego de verificar dicho incumplimiento, le ordene al funcionario competente o al superior jerárquico su realización. Si ninguno de los dos cumpliere con lo ordenado por el juez, podrán ser sancionados con penas de arresto y/o multa.

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4. ¿En qué consiste la solicitud de trámite de urgencia por parte del Presidencia de la República?

De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política, el Presidente de la República tiene la facultad de solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley que se tramite en el Congreso. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta (30) días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente comisión de la otra cámara para darle primer debate.

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5. ¿En qué consiste la sanción presidencial de un proyecto de ley?

Una vez surtidos los debates correspondientes para un proyecto de ley en el Congreso de la República y luego de su aprobación en ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Éste dispondrá de un término de seis (6) días hábiles para devolver con objeciones al Congreso cualquier proyecto, cuando no conste de más de veinte (20) artículos; de diez (10) días cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

El Gobierno puede objetar, total o parcialmente, los Proyectos de Ley presentados para sanción. La objeción de un proyecto de ley obedece a razones de inconstitucionalidad o inconveniencia.

En caso de no ser objetado, el Gobierno ordenará su promulgación como Ley; de lo contrario, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen, para que sea reconsiderado en segundo debate de acuerdo con las objeciones presentadas. Si las Cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el proyecto objetado dentro de los términos constitucionales.

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. En caso de que el proyecto haya sido objetado por inconstitucional, y las Cámaras insistieren en su promulgación, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que, dentro de los seis (6) días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto.

Las Leyes Estatutarias tienen un control previo y automático por parte de la Corte Constitucional, antes de pasar al Gobierno para sanción.

Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

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6. ¿Qué son las facultades extraordinarias?

El Congreso de la República, a solicitud expresa del Gobierno, puede revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso tiene la facultad, en todo tiempo y por iniciativa propia, de modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para:

  1. Expedir códigos, leyes estatutarias u orgánicas.
  2. Organizar el crédito público.
  3. Decretar impuestos.
  4. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República.
  5. Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.
  6. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.
  7. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
  8. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Los Decretos - Leyes, también llamados Decretos Extraordinarios, están clasificados dentro de la jerarquía normativa como Decretos con Fuerza de Ley, y son aquellos que dicta el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias. Los Decretos - Leyes tiene jerarquía de ley ordinaria, por lo tanto, están en la pirámide normativa debajo de la Constitución, de las leyes orgánicas y las estatutarias.

El inciso 3 del artículo 150 numeral 10, establece que el Congreso, como titular de la potestad legislativa, puede modificar en cualquier momento los Decretos - Leyes que hayan sido dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias. El Congreso no está vinculado por la ley delegante y por razones de conveniencia puede considerar que no procede la delegación y derogar de forma expresa o implícita la ley de facultades extraordinarias.

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7. ¿Qué diferencia existe entre los decretos leyes dictados en ejercicio de facultades extraordinarias y los decretos legislativos dictados en los estados de excepción?

Tanto los Decretos - Leyes, dictados en ejercicio de facultades extraordinarias, como los Decretos Legislativos, dictados con ocasión de los llamados estados de excepción, tienen rango, fuerza y valor de ley. Sin embargo, se diferencian en cuanto a su estructura y razón de ser.

Los Decretos Legislativos no requieren una autorización previa por parte del Congreso para que el Gobierno ejerza la función legislativa. Por lo tanto, existe una potestad legislativa que es originaria para el ejecutivo y es reconocida expresamente por la Constitución Política. La intervención del Congreso no parte de una ley que habilite al Presidente para ejercer dicha función normativa, sino que se circunscribe simplemente a un control posterior. La facultad legislativa del Gobierno, en estos casos, obedece a razones de urgencia, es decir, requieren una actuación inmediata que ponga fin a una situación anormal, con la única restricción de que dichos decretos se dirijan exclusivamente a conjurar la crisis y la extensión de sus efectos.

En el evento de los Decretos Leyes dictados con ocasión de las facultades extraordinarias, el Congreso traslada en forma temporal al Gobierno la tarea legislativa, con el fin de que éste expida decretos con fuerza de ley sobre las materias que expresamente se le asignen en la ley de habilitación, las cuales deben ser precisas y limitadas, sin que el Presidente pueda, al ejercerlas, excederse de los precisos parámetros establecidos en la delegación.

Las facultades extraordinarias se van agotando en la medida en que se van utilizando, ya que el Gobierno legisla por expresa delegación del Congreso. Las atribuciones en los estados de excepción, teniendo en cuanta las situaciones variables y la necesidad de una efectiva e inmediata actuación estatal que impida su desbordamiento o la ampliación del daño que causan, hacen que las posibilidades de adaptación o modificación sean propias a las excepciones, no existiendo la limitación de la “precisión” a que se refiere la ley habilitante que otorga facultades extraordinarias.

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8. ¿Qué son las comisiones en el exterior?

Las comisiones en el exterior son atribuidas a los servidores públicos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta asimiladas al régimen legal aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Nacional, así como a los miembros de las Juntas o Consejos Directivos o Superiores de Entidades Descentralizadas del Orden Nacional que tengan la calidad de servicios públicos.

Las comisiones serán otorgadas para los siguientes casos:

a) Comisiones de servicios.

  • Para tramitar o negociar asuntos que a juicio del Gobierno nacional revistan especial interés para el país.
  • Para suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos internacionales.

b) Comisiones de estudios.

El objeto de las comisiones deberá guardar relación con los fines de la entidad o con las funciones inherentes al cargo que desempeña el servidor público".

Las comisiones de servicio al exterior de los servidores públicos de los órganos adscritos o vinculados serán conferidas por el jefe del órgano público respectivo.

Las comisiones para cumplir compromisos en representación del Gobierno colombiano, con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberán ser autorizadas previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las que tengan por objeto negociar o tramitar empréstitos requerirán autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las comisiones al exterior de los servidores públicos del sector central y de las Entidades Descentralizadas que reciban o no aportes del Presupuesto nacional, serán conferidas mediante resolución motivada suscrita por el Ministro o Jefe del Departamento Administrativo al cual pertenezca el servidor o al cual se halle adscrito o vinculado el respectivo organismo.

Las comisiones que se otorguen a servidores públicos pertenecientes a Entidades Descentralizadas que no reciban aportes del Presupuesto Nacional o a Instituciones Financieras nacionalizadas, deberán ser autorizadas previamente por la Junta o Consejo Directivo o Superior, con el voto favorable de su Presidente.

En todo caso, cuando el funcionario comisionado sea un Ministro o Director de Departamento Administrativo, la comisión se conferirá mediante decreto ejecutivo.

Los actos que autoricen comisiones señalarán claramente el objeto de la misma, los viáticos aprobados, de conformidad con las disposiciones legales e indicarán el término de duración de las mismas, así como la persona o entidad que sufragará los pasajes cuando a ello hubiere lugar, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente.

Este último requisito no se exigirá, cuando la comisión no demande erogaciones del Tesoro.

En ningún caso, a las personas que se les otorgue comisión de servicios, de conformidad con las presentes disposiciones, se les podrá otorgar gastos de representación.

Las comisiones al exterior, se conferirán por el término estrictamente necesario para el cumplimiento de su objeto, más uno de ida y otro de regreso, salvo en los casos en que quien autoriza la comisión, considere que éstos no son suficientes para el desplazamiento al sitio donde deba cumplirse y su regreso al país, en cuyo caso podrá autorizar el término mínimo que considere necesario.

Se podrá conferir comisión de estudios en el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año continuo de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las autorizaciones de la Junta, Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a ello haya lugar, deberán cumplirse los siguientes requisitos, sin excepción:

  • Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la entidad por el doble del tiempo de duración de la comisión y Póliza de Garantía de cumplimiento por el término señalado en el aparte anterior y un (1) mes más, y por el cincuenta por ciento (50%) del valor total de los gastos en que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los sueldos que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de su permanencia en el exterior.
  • El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, debidamente acreditada con los certificados del respectivo Centro Académico.
  • Cuando se trate de obtener título académico de especialización científica o médica la prórroga a los doce (12) meses podrá otorgarse hasta por tres (3) veces, bajo las mismas condiciones contempladas en el párrafo anterior.
  • El comisionado tendrá derecho a recibir su sueldo, pasajes aéreos, marítimos o terrestres de clase económica y cualquier otro emolumento pactado en convenios que haya suscrito la entidad a la cual pertenezca el funcionario. En ninguna comisión de estudios en el exterior podrán reconocerse viáticos.

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9. ¿Qué tipo de decretos expide el Presidencia de la República?

Los Decretos Legislativos

bajo este nombre genérico se agrupan los decretos que la Constitución puso bajo el nombre global de estados de excepción, que comprenden el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y los estados de emergencia económica social o ecológica. Son transitorios y sus efectos cesan automáticamente cuando se restablezca el orden público, mientras que los de emergencia, en sus tres modalidades, tienen una vocación de permanencia. Estos decretos tienen la virtud de suspender ciertas leyes y prevalecer sobre ellas por la sucesión de hechos anormales y perturbadores del Estado Social de derecho.

Los Decretos extraordinarios o Decretos - Leyes

El Congreso de la República, a solicitud expresa del Gobierno, puede revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. No deben entenderse como actos administrativos desde el punto de vista material, aunque desde l punto de vista subjetivo hayan sido expedidos por la suprema autoridad administrativa, porque estas autorizaciones se dan para que el presidente ejerza transitoriamente y en forma específica la función legislativa. Desde el punto de vista material no son actos de carácter administrativo.

Los Decretos reglamentarios:

La competencia para dictarlos emana de la propia Constitución. Estos permiten la ejecución de la ley y dan comienzo a la función administrativa. Se expiden por la necesidad de definir la orientación de una ley y de señalar pautas para su aplicación a los funcionarios administrativos. Las leyes susceptibles de su aplicación son las de carácter administrativo, es decir, las que deben ser puestas en ejecución por parte de los empleados administrativos. El Presidente, al dictarlos, lo hace en su calidad de suprema autoridad administrativa.

Decretos expedidos con base en las leyes de autorización:

Se refieren a actuaciones administrativas situados dentro de la órbita constitucional del Gobierno para enajenar, contratar, negociar, inspeccionar, etc., es decir, actos creadores de situaciones jurídicas. El Congreso no fija un límite temporal para ejercer esa función, por lo cual se dice que son funciones eminentemente administrativas, con cierto grado de participación del legislador y suponen la necesaria colaboración legislativa previa y expresa.

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10. ¿Qué funciones cumple la gestión jurídica de la Presidencia de la República?

Dentro de los procesos misionales que cumple el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la gestión de los asuntos jurídicos está encomendada a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Dentro de estas funciones, la principal y más importante consiste en brindar y garantizar la seguridad jurídica de las decisiones del Presidente de la República y del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Algunas de sus funciones guardan relación directa con el Congreso de la República, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

  1. Estudiar y preparar proyectos de leyes o actos legislativos que el Presidente deba someter a consideración del Congreso.
  2. Realizar la revisión previa a la presentación al Congreso, de los proyectos de ley elaborados por los ministros y/o demás entidades del Estado.
  3. Asistir al Presidente y al Gobierno nacional en el estudio de los proyectos de leyes que se tramitan en el Congreso.
  4. Colaborar al Presidente en la preparación de los mensajes de urgencia para las cámaras legislativas y/o mensajes similares a las autoridades judiciales de conformidad con la Constitución Política y la ley.
  5. Presentar al Presidente para su sanción u objeción por inconstitucionalidad o inconveniencia, los proyectos aprobados por el Congreso de la República.

Otras, se relacionan directamente con el Gobierno Nacional, con la ciudadanía y con distintas entidades del Estado:

  1. Preparar o revisar los decretos con fuerza de ley que deba expedir el Presidente.
  2. Numerar las leyes sancionadas y remitirlas para su publicación en el Diario Oficial.
  3. Revisar, estudiar, formular observaciones y emitir conceptos sobre los proyectos de decretos, resoluciones ejecutivas y directivas presidenciales sometidas a consideración del Presidente de la República.
  4. Absolver las consultas legales que le hagan al Presidente, el Vicepresidente, el Consejo de Ministros, los Directores de Departamentos Administrativos y los funcionarios de la Presidencia de la República.
  5. Dirimir, por solicitud del Presidente, los Ministros y/o Directores de Departamentos Administrativos, las diferencias de interpretación legal que se presenten entre las entidades por ellos representadas.
  6. Colaborar con los apoderados especiales de la Nación o con el Ministerio Público, en los juicios en los que esta sea parte y recibir informes sobre dichos juicios.
  7. Coordinar las oficinas jurídicas de las entidades oficiales del orden nacional, cuando sea pertinente.
  8. Promover y efectuar trabajos investigativos y publicaciones de carácter jurídico que interesen al Gobierno Nacional.
  9. Coordinar con los ministerios y departamentos administrativos la formulación de políticas y la ejecución de proyectos tendientes a simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídica, mediante la preparación de decretos compilatorios u ordenadores de la normatividad vigente.

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